Ciudad
de Puebla, Pue.- Al conocer la denuncia que interpuso el ayuntamiento
panista de Cuautlancingo hacia funcionarios de Coronango por supuesto
robo de maquinaria y obstrucción de obra pública, la Secretaria General
del PRI, Rocío García Olmedo calificó de lamentable dicha acción "que
pretende intimidar a la alcaldesa Mely Macoto Chapuli quien en su
derecho de autonomía no permitió que invadiera Cuautlancingo una esfera
territorial que no le corresponde al realizar sin permiso perforaciones
para pozos de agua".
En
rueda de prensa, con la presencia de la alcaldesa de Coronango, Mely
Macoto Chapuli, García Olmedo puntualizó que se está integrando un
expediente de los casos en los que alcaldes de extracción priista son
amedrentados por autoridades emanadas del PAN.
Señaló
que al menos en 82 ayuntamientos priistas hay situaciones similares a
la presentada con Mely Macoto, donde coincidencialmente se integró
rapidamente una averiguación previa que desencadenó en una orden de
aprehensión.
La
presidenta municipal de Coronango Mely Macoto precisó que el pasado 15
de marzo, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Coronango
clausuró los trabajos que se realizaban en la calle Las Flores y
Periférico, en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán en
Coronango “luego de detectar que el SOSAPAC no contaba con los permisos
correspondientes para la excavación, violando la territorialidad del
Municipio.”
Posterior
a la clausura, se recibió una llamada telefónica donde vecinos del
lugar manifestaron obstrucción del camino, por lo que elementos de la
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad acudieron, confirmando dicha
situación y procediendo –de acuerdo a sus facultades- a retirar la
maquinaria para liberar la circulación en vía pública.
Mely
Macoto dijo que aproximadamente a las 17:15 horas del 15 de marzo,
recibió una llamada del Delegado de la Dirección General de Gobierno del
Estado de Puebla, Humberto Baltazar González quien le solicitó una
reunión de conciliación a petición del propio Director del Sistema
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuautlancingo, Fidel Romero Palacios a la que accedió
respetuosamente. El funcionario estatal fijó la reunión para el día
miércoles 16 de marzo a las 12 horas en las instalaciones de la
Presidencia Municipal de Coronango.
La
reunión se realizó conforme a lo indicado y se acordó que los bienes
materiales quedarían en resguardo del Ayuntamiento de Coronango y le
serían entregados al momento de acreditar la propiedad; en tanto el
SOSAPAC se comprometió a detener los trabajos, retirar la tubería y
dejar la calle en las condiciones en que se encontraba antes de realizar
sus maniobras, quedando dicho acuerdo por escrito y firmado.
A
pesar de los resolutivos acordados, el director del SOSAPAC Fidel
Romero Palacios acusó ante los medios de comunicación que “servidores
públicos de Coronango impidieron la realización de las obras y que lo
despojaron de la maquinaria”, poniendo en tela de juicio la envestidura y
la fe que dan los funcionarios del Gobierno Estatal.
La
alcaldesa consideró que las manifestaciones ante los representantes de
los medios informativos, difiere en mucho con la realidad de los hechos
ya expresados y sustentados, máxime que el funcionario municipal de
Cuautlancingo refiere maliciosamente que le fue despojada maquinaria sin
derecho, cuando sin derecho estaba alterando la infraestructura urbana
del municipio de Coronango y, además que no puede manifestar obstrucción
de obra alguna ya que no se encontraba en la esfera territorial que
constitucionalmente le corresponde.
Por
último enfatizó que Coronango es un Municipio donde se respeta la ley,
por tanto, la actuación de sus funcionarios en todo momento fue apegada a
la reglamentación municipal y de acuerdo a las facultades que la propia
ley les confiere.
Ante
ello exigió a los empleados municipales de Cuautlancingo conducirse con
responsabilidad y seriedad en sus actuaciones, ya que manifiestan haber
presentado denuncia radicada bajo el número AP 929/2016/SACHO. Por
ello, Mely Macoto solicitó a las autoridades responsables de la
procuración e impartición de justicia que actúen apegados al marco
legal, a fin de no violentar el estado de derecho y las garantías
individuales de los ciudadanos.
